Izquierda Unida romperá con el PSOE si inicia reforma laboral neoliberal

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha exigido al Gobierno que retire la resolución pactada con CiU para impulsar una reforma laboral porque, de lo contrario, romperá todos los compromisos adquiridos con IU e ICV sobre el mercado de trabajo.

Así se ha expresado Llamazares antes de que comenzara la reunión del Pacto de Toledo en el Congreso y después que ayer se negociaran las enmiendas a las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la nación, que se votarán esta tarde, y que incluyen un pacto con CiU para impulsar una reforma laboral y otro con IU e ICV para ampliar la cobertura por desempleo.

El portavoz de IU ya ha trasladado su malestar al grupo socialista y le ha advertido de que si no retira la enmienda conjunta con los nacionalistas catalanes se replanteará los apoyos pactados ayer.

Llamazares ha considerado que su partido se encuentra “liberado” de cualquier compromiso porque anteriormente la “concertación social dejaba las manos libres a sindicatos y empresarios” y ahora lo que se pretende es poner la crisis económica “frente a los trabajadores”.

La resolución pactada ayer con CiU plantea, según Llamazares, la reforma del mercado laboral como solución de la crisis y advirtió de que si el Gobierno no la retira, IU romperá todos los compromisos adquiridos con ellos y “también con los sindicatos”.

La reforma laboral que acordaron ayer el PSOE y CiU pretende seguir ahondando en el neoliberalismo económico y las recetas ultracapitalistas de un contrato único que abarate el despido, flexibilizar la negociación colectiva, (atacando el derecho de los trabajadores a la huelga o la movilizacion social conjunta), y permitir al sector privado intervenir en la recolocación de los parados (lo que supondría la entrada de las ETTs en el INEM)

IU solicita a la UE que proteja a los trabajadores inmigrantes

Los candidatos de IU al Parlamento Europeo, Adoración Peñas y Pedro Marset resaltaron hoy la necesidad de que la Unión Europea (UE) promueva políticas de protección de los derechos de los inmigrantes para que éstos sean tratados “como seres humanos y no como delincuentes”.

Peñas y Marset hicieron estas declaraciones tras conocer que el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha solicitado la celebración de una cumbre europea para frenar la inmigración ilegal y aprobado una medida por la que los inmigrantes irregulares pasan a ser sujetos de delito en ese país.

“Tras la directiva de la vergüenza, llamada eufemísticamente del retorno, la derecha y la socialdemocracia europeas siguen presionando para convertir Europa en una fortaleza”, indicaron sendos candidatos, tras hacer hincapié en la importancia de poner en marcha políticas de izquierdas en la UE.

Criticaron asimismo la aprobación, por parte del Gobierno italiano, de una Ley por la que se “obliga” a médicos y maestros a denunciar a enfermos o niños con estancia “ilegal”, y recordaron al respecto que “la inmigración es un derecho consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos”.

Señalaron que para mantener el funcionamiento del sistema económico europeo y las pensiones es “necesaria” la incorporación de un millón de inmigrantes al año, y denunciaron la “intención racista de una campaña contra la inmigración con el fin de desviar la verdadera causa de la crisis”.
En este sentido, Marset y Peñas abogaron por el reconocimiento de plenos derechos para los inmigrantes, “en el marco de un profundo cambio que conduzca a una Europa social y multicultural”, concluyeron.

Willy Meyer contra la especulación urbanística en Seseña

Willy Meyer, candidato de IU a las elecciones europeas ha emplazado hoy a Zapatero a poner en práctica ese supuesto cambio de modelo de “menos ladrillo” al que apelaba ayer empezando “por dar apoyo a Manolo Fuentes, alcalde de Seseña y símbolo de lucha contra la especulación urbanística”. Lo ha hecho hoy en Seseña, donde se ha desplazado para visitar el desastre urbanístico causado por las distintas actuaciones urbanísticas realizadas antes de que IU accediese al gobierno municipal.

Manuel Fuentes, que acompañó a Meyer en la rueda de prensa ha denunciado la persecución a la que se encuentra sometido él y toda Izquierda Unida por parte del constructor el Pocero con la complicidad del gobierno autonómico de Castilla la Mancha. “Existe un pacto de silencio y una complicidad entre el PP y el PSOE, en todas las comunidades donde gobiernan para primar los intereses económicos a cambio de hipotecar a miles de jóvenes españoles.”

“El informe Auken –continuó Meyer- aprobado por el Parlamento Europeo nos da la razón a los que hemos venido pregonando el desastre del modelo de desarrollo urbanístico en España. Este informe supone un varapalo a todas las administraciones españolas, locales, regionales y el gobierno central, sobre las nefastas consecuencias de construir vivienda para especular, en vez de hacerlo para garantizar el derecho a la vivienda.”

“Zapatero no tiene credibilidad cuando pide menos ladrillo y más ordenadores. Supongo que debe referirse a las 3 Comunidades Autónomas que más a han basado su crecimiento en la construcción y que curiosamente las 3 están gobernadas por el PSOE: Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. Zapatero se ha convertido de repente en la oposición a Zapatero. Parece que no llevara cinco años gobernando España”- explicó Willy Meyer.

Al valorar el debate del estado de la Nación Meyer se mostró sorprendido por la ausencia de Europa: “el Sr. Zapatero será el Presidente de la UE en 6 meses y ayer no hizo referencia alguna a Europa. Esto no es de extrañar cuando tanto PP como PSOE están de acuerdo en el mismo modelo económico que ha golpeado a los trabajadores generando 4 millones de desempleados en nuestro país.” Meyer ha explicado “que los dos estuvieron de acuerdo en aprobar la Estrategia de Lisboa, que pretendía para 2010 un crecimiento del 3% y 20 millones de empleo aplicando recetas de corte neoliberal como la moderación salarial, la precarización del empleo o la congelación de las pensiones.”

Por la vivienda digna

El derecho a la vivienda es un derecho social reconocido en las Constituciones de casi todos los Estados europeos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se recogió como un derecho básico y esencial para garantizar la vida digna de las personas.

En España, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47 de la Constitución, es un derecho básico de carácter social y económico de todos los ciudadanos, que implica un mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y efectivo.

Con esta proposición de ley se pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social a ser un verdadero derecho subjetivo, consustancial a la condición de sujeto de derecho que reside en nuestro país en un momento en que la crisis también va a poner a prueba nuestro Estado social y los mecanismos de cohesión.

Para conseguirlo proponemos tres instrumentos: la palanca hipotecaria, la palanca fiscal y la palanca del servicio público.

En primer lugar, lo que proponemos es un sistema de límites temporales y cuantitativos a los créditos hipotecarios que pueden ser concedidos por una entidad crediticia a un particular para la compra de una vivienda libre. Estos límites, ya existentes en otros estados de la UE, no solo limitarán en sobre-endeudamiento hipotecario, sino que reducirán progresivamente el precio de la vivienda libre, al tener que adaptarse ésta a la capacidad media de compra de los ciudadanos.

La segunda palanca que proponemos es la fiscal. Proponemos una fiscalidad que prime la vivienda protegida frente a la vivienda libre, el alquiler frente a la compra y la vivienda ocupada frente a la vivienda desocupada.

Y el tercer vector que puede hacer realidad el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna a un precio razonable es el Servicio Público de Vivienda, a través de la creación de parques públicos permanentes en alquiler, la producción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie. Con este Servicio Público de Vivienda se conseguirían dos fines. Ofrecer vivienda protegida a precios inferiores a los del mercado de vivienda libre, y presionar a la baja sobre el precio de la vivienda libre.

A todos estos fines se consagra esta Ley, respetando el bloque de la constitucionalidad, y respetando también las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.

En concreto, proponemos

A.- MEDIDAS CONTRA EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

No podrán concederse préstamos que superen el 40% de los ingresos personales o familiares y cuyo plazo de amortización sea superior a los 30 años.

Tampoco se podrán conceder créditos hipotecarios por más del 80% del valor de mercado de la vivienda libre hipotecada.

Dicho límite se podrá superar en el caso de la vivienda protegida, sin que en ningún caso se pueda ir más allá del 100% del valor legal de la vivienda protegida.

Se dejará al comprador un plazo de reflexión de 15 días después de la firma del contrato, y si desiste de la compra el vendedor deberá devolverle todo el dinero ingresado a cuenta.

Se prohibirán cláusulas abusivas en los contratos.

No se podrá embargar el salario, la pensión, o el subsidio, que no excedan la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Y por encima del SMI, se definen tramos de porcentaje embargable en función de los ingresos y de las condiciones familiares.

Cuando el inmueble objeto de ejecución hipotecaria es domicilio único, la alternativa al embargo podrá ser el arrendamiento por 5 años, un usufructo vitalicio o una liquidación aplazada y progresiva de la deuda.

B.- FISCALIDAD

Tratamiento fiscal del alquiler frente a la venta de vivienda libre.

Se anulan las deducciones fiscales de compraventa de vivienda libre.

Los ingresos obtenidos por el alquiler de vivienda, tendrán deducciones fiscales e incluso cuando el alquiler sea bajo, estará exento del pago de impuestos.

Tratamiento fiscal de la vivienda protegida en alquiler

La producción de vivienda protegida que vaya a estar en alquiler un mínimo de 15 años tributará solo por una cuarta parte de los tributos que sobre dicha vivienda recaigan.

La producción de vivienda protegida que vaya a estar en alquiler un mínimo de 50 años estará exenta de cualesquiera tributos.

Tratamiento fiscal de la vivienda ocupada frente a vivienda desocupada

La vivienda que se determine administrativamente como desocupada tributará en todos los impuestos que le afecten con un recargo del 250%.

Fiscalidad de los beneficios de la venta de suelo

Las operaciones de compra-venta de suelo, promoción y compraventa de vivienda en las que los beneficios sean superiores al 25% tendrá un recargo en cualesquiera tributos les sean aplicados.

C.- EL SERVICIO PÚBLICO DE VIVIENDA COMO INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL DERECHO CIUDADANO A LA VIVIENDA

Se trata de un Servicio de interés general

La calificación de la vivienda protegida será indefinida

Se establece la obligación de los Municipios de más de 5.000 habitantes a elaborar Planes Municipales de Vivienda de alquiler.

Se obliga a los Municipios a disponer de un Plan Municipal de Vivienda, partiendo de las políticas de movilización de vivienda vacía y otras que consideren el uso del parque de vivienda preexistente, cuantificará la necesidad adicional de construcción de vivienda de protección pública con el objeto de cubrir la totalidad de la demanda de dicha vivienda de protección. Dichas previsiones deberán ser incorporadas a la Memoria del Plan General de Ordenación Urbana

D) EL DERECHO CIUDADANO A UNA VIVIENDA DIGNA

1. Las personas que carezcan de vivienda en propiedad, residan en España y tengan unos ingresos inferiores a los que se determinen reglamentariamente tiene derecho a exigir a las Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda, entendiendo por tales los Ayuntamientos y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas la satisfacción de su derecho ciudadano a acceder a una vivienda digna.

2. El derecho de acceso a una vivienda se concreta en el derecho que asiste a las personas a acceder a una vivienda de forma que no suponga un importe económico a satisfacer por la unidad convivencial superior al 35% de sus ingresos.

El derecho a la vivienda será un derecho judicialmente exigible a partir de un plazo determinado sin que se haya materializado.

En definitiva, frente a la especulación urbanística de PP y PSOE, frente a la política del ladrillo, desde Izquierda Unida optamos por la vivienda como bien social, al acceso de todos los ciudadanos sin que suponga una carga imposible de acometer para todos los ciudadanos, garantizando el derecho de los mas desfavorecidos a poder habitar una vivienda digna.

Informaremos de como avanza esta ley en el parlamento.